Jujuy, la Revolución de Mayo y el frustrado debate sobre la igualdad de los pueblos

Por Irene Ballatore
La Revolución de Mayo fue un antes y un después en la vida de Jujuy. No solo por haber convertido a su territorio en escenario de la guerra desatada entre el partido revolucionario y los defensores de la monarquía española durante 1810 y 1825, sino por la puerta que abrió al debate la igualdad de derechos de todos los pueblos, fundamento de la reivindicación autonomista respecto de Salta.
La doctrina jurídica de retrocesión de la soberanía que los revolucionarios de Buenos Aires esgrimieron para imponer la destitución del virrey Cisneros y la creación de un autogobierno el 25 de mayo de 1810, alumbró en la política local la idea que Jujuy debía ser “reputada como una pequeña república que se gobernaba a sí misma” y así lo planteó ante la Junta de Gobierno de Buenos Aires el diputado jujeño Juan Ignacio de Gorriti en 1811.
La “regeneración política” felizmente inaugurada por la Revolución de Mayo implicaba, entonces, haber recuperado para el “pueblo” la soberanía que el rey Fernando VII había perdido por la usurpación francesa (y su propia ineptitud), pero también una nueva situación que hacía posible romper con las desigualdades impuestas por la colonia y avanzar hacia un nuevo orden institucional regido por el principio de la igualdad de derechos de todos los pueblos. Y vaya si eso era revolucionario.
Así se entendió en Jujuy, que desde la Ordenanza de Intendencias de 1782 dictada por el rey Carlos III había quedado sometida a la autoridad de Salta y perdido el status de igualdad de derechos que reinaba entre las ciudades de la antigua Gobernación del Tucumán. En la práctica, esta reforma real había impuesto a los pueblos más pequeños el poder de las ciudades, recortando sus derechos en aspectos importantes.
No hizo falta mucho tiempo para que se comprendiera que las promesas de libertad, igualdad y hermandad que irradiaba la revolucionaria Buenos Aires, eran solo eso. La instrumentación del reglamento que estableció el sistema de juntas provinciales y subalternas en 1811 fue una demostración de ello y algo peor: una condición para que el pueblo jujeño padeciera el despotismo de los mandones, en palabras del historiador Joaquín Carrillo.
El documento que plantea por primera vez este problema fundamental de la nación en construcción data de 1811 y se trata de una “reclamación de derechos” elevada a las autoridades de la Junta de Buenos Aires por Gorriti, siguiendo el mandato del Cabildo de Jujuy, a raíz de un grave conflicto institucional planteado con autoridades salteñas. El ayuntamiento jujeño había utilizado fondos públicos para costear una expedición en auxilio de poblaciones amenazadas por indígenas en la zona de Orán y fue desautorizado por el gobernador presidente de la Junta de Salta, Tomás de Allende, por haber obrado sin permiso de éste.
En ese documento, el derecho de Jujuy a autogobernarse se pone en términos muy claros: “Si los pueblos que constituyen la Nación Española por carecer de su amado rey Fernando se hallan autorizados por la misma Naturaleza para recobrar sus derechos que depositaron en él, dándose unas leyes que un gobierno fatuo, mercenario y despótico, por su propio interés o no ha querido o no ha podido dictarles; si toda esta gran parte de la Nación, a juicio de todo el universo, se halla autorizada para velar sobre su conservación, no encuentra este Cabildo una sola razón que desautorice a este pueblo para promover la grandeza a que puede llegar bajo de un gobierno establecido por las mejores máximas de rectitud, celo infatigable y amor a sus semejantes”.
Agregaba también el pronunciamiento: “Hemos proclamado la igualdad de derechos de todos los pueblos y está en oposición con nuestros principios un orden que exalta a unos y deprime a otros. Es injusto, porque se falta en el punto más esencial a los pactos con que todas las ciudades se unieron a este Gobierno”.
Las palabras del alcalde de primer voto de Jujuy, Manuel de Espinosa, quien fue parte de los debates en el conflicto con el gobernador salteño, dan cuenta de la decepción provocada por el doble discurso de los líderes de la Revolución: “qué ajenos estábamos de prever lo que nos sucede cuando llenos de alborozo nos hemos reunido tantas veces en este lugar para franquear nuestras fuerzas y escasas facultades a las primeras voces de un gobierno que nos ofrecía libertarnos de los déspotas que nunca oprimieron tanto […] Somos libres. Veamos qué causa nos esclaviza y cuando todos los pueblos se han revestido de sus derechos naturales, sepamos por qué Jujuy debe omitir este acto sin el que todas las promesas de libertad nada significan”.
Buenos Aires, finalmente, no se hizo eco de estas demandas. Los diputados de los pueblos del interior que, convocados en los días de mayo por el Cabildo porteño como los “hermanos ausentes” para sumarse al gobierno patrio, terminaron expulsados de la capital y se inauguraba con el “Triunvirato” una forma de gestionar el poder que iba a ser madre de grandes y dolorosas discordias. En la historia, la del Cabildo de Jujuy quedó como la primera –y no muy conocida- tentativa reformista sobre las instituciones heredadas de la colonia y un ensayo del federalismo que dejó en el ADN de la política argentina la igualdad de los pueblos como una causa por la que siempre valió la pena luchar.

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